La criminalidad organizada, el comercio ilícito de drogas, el fraude, la corrupción, el terrorismo y su financiación y el lavado de activos, son algunas de las principales preocupaciones del mundo que han obligado a los países y sistemas jurídicos locales a buscar herramientas para luchar contra estos delitos y prevenir a los diferentes negocios y entidades de estos fenómenos transnacionales.
Las actividades relativas al blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo, constituyen una seria amenaza para todas las organizaciones y entidades que desenvuelven sus actividades productivas amparadas en las leyes y normativas vigentes en los diferentes países, principalmente para las instituciones bancarias, de seguros, casa de bolsa, agentes de cambio y remesas, y en general, para toda la sociedad y empresas productivas.
En ese sentido, los sujetos obligados deben crear mecanismos de control, los cuales vayan acorde con la recomendación 18 del GAFI, a saber:
– Desarrollo de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo acuerdos apropiados de manejo del cumplimiento y procedimientos adecuados de inspección, para asegurar elevados estándares a la hora de contratar a los empleados
– Un programa continuo de capacitación a los empleados y
– Una función de auditoría independiente para comprobar el sistema
Nuestra regulación nacional, Ley 155 17 en cumplimiento con los estándares internacionales, y nuestras normativas especiales anti lavado de las Autoridades Competentes supervisores nacionales, obligan a Los Sujetos Obligados a cubrir un programa de capacitación que debe abarcar todos los niveles de la organización de manera anual.
