El especialista en prevención de lavado de activos y economista Roberto Mella Cohn, indicó que se ha propagado una confusión respecto al envío de información por ventas y operaciones que refiere la nueva norma 07-2018, emitida por la Dirección General de Impuesto Internos (DGII), el pasado 9 de marzo del 2018.
Las aclaraciones surgen debido a que muchos establecimientos han interpretado que este requerimiento se desprende de la ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Mella Cohn dijo que el deber de los contribuyentes de remitir a la DGII las operaciones sustentadas en facturas de consumo cuando tenga un valor igual o superior a RD$50,000, indicando el documento de identidad de la persona que adquiere el bien o servicio es una disposición de la Norma 07-2018 y no de la Ley 155-17 como muchos lo han interpretado.
Expuso que esas disposiciones que se han visto en fotografías que circulan por las redes sociales y en letreros de los cajeros automáticos de comercios están mal enfocadas.
El requerimiento de la cédula y de información a los consumidores finales cuando hacen operaciones mayores a RD$50,000 es un mecanismo de fiscalización, no de prevención del lavado, manifestó.
“Tampoco es cierto que todos los comercios tienen que hacer debida diligencia del cliente y reportar operaciones en efectivo, esto último son obligaciones exclusivas de sujetos obligados”, sustentó al recomendar no confundir las disposiciones.